Sánchez despeja el regreso de Junqueras a la política: baja de 15 a 5 años de cárcel los delitos del 1-O

El Gobierno ha propuesto rebajar el actual delito de sedición, penado actualmente para autoridades con 10 a 15 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, hasta penas de 3 a 5 años de prisión y de 6 a 8 años de inhabilitación, según recoge la proposición de ley orgánica realizada por PSOE y Unidas Podemos.

Hay que recordar que Oriol Junqueras, uno de los principales líderes de los golpistas catalanes, fue condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación por este delito en el juicio por el procés.

Junqueras, junto con los otros 8 condenados a penas de cárcel, ya fue indultado por el Gobierno, por lo que sigue cumpliendo la pena de 13 años de inhabilitación para ejercer cargo público. Ahora, con la reforma, el líder de ERC podrá volver a la política activa ya que se reducirá a una horquilla de entre 6 a 8 años, según la propuesta del Gobierno.

Los cambios que propugna el PSOE son de aplicación retroactiva porque benefician al reo. Cuestión aparte es cómo afectará a los fugados como Puigdemont.

El tribunal asumió así la petición de la Abogacía del Estado -que modificó la calificación jurídica de los hechos objeto de enjuiciamiento tras la llegada de Sánchez al Gobierno- y castigó con diferentes penas de cárcel a los 9 procesados por sedición como impulsores del proceso soberanista en Cataluña.

Ahora, el texto de la reforma presentada hoy señala que «serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios».

Y añade que «los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años.

Además, el PSOE y Unidas Podemos han decidido incluir la sustitución del delito de sedición por uno de «desórdenes públicos agravados» en una proposición de ley que también es un conglomerado de trasposiciones de normas europeas que van desde la lucha contra el fraude hasta asuntos relacionados con la competencia y que incluye también una nueva pena por la ocultación del cadáver.

Directivas europeas

Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, en la rueda de prensa que ha ofrecido antes del registro de la iniciativa que han impulsado las dos formaciones que conforman el Gobierno de coalición.

Según ha detallado el dirigente socialista, además de lo que él llama «europeización» del delito de sedición, la proposición de ley incluye la trasposición de directivas europeas en materia de lucha contra el fraude, falsificación de medios de pago, blanqueo de ganancias obtenidas con acciones delictivas y abuso de mercado, en la medida que otorga medios a las autoridades de la competencia para aplicar más eficazmente sus facultades.

La iniciativa, que requerirá de mayoría absoluta para su aprobación en el Congreso, también recoge modificaciones en el Código Penal en lo referente a los delitos contra la integridad moral y recoge una «modalidad específica» que hace referencia a la ocultación del cadáver, así como otras relacionadas con el contrabando de material de defensa y de tecnologías de doble uso.